Fuente: Juan Alcaraz (ASUNTOS POLICIALES)

Aunque la población reclusa española ha descendido notablemente tras la reforma del Código Penal del año 2010, cuando redujo las condenas a los pequeños traficantes de drogas e introdujo la sustitución de la pena ( impuesta o prevista ) de los delincuentes extranjeros por la expulsión a su país; todavía hay 60.000 presos ( 59.400 exactamente, en el momento de escribir éste artículo ), de los cuales, 4.400 son mujeres y 16.600 son extranjeros.

Según el último Informe de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, se trata de una cantidad elevada. Nuestra población penitenciaria es un 32 % superior al promedio europeo pese a que la criminalidad está un 27 % por debajo. La explicación que dan es que las condenas son aquí más largas que en el resto del continente. La estancia en prisión es la tercera más elevada después de Turquía y Rumanía. La duración media es de unos 18 meses, cuando en el conjunto de Europa es de 7. Según los autores del estudio, si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la realidad, la mitad de los presos deberían estar libres.

Si ésta conclusión la llevamos al terreno económico, supondría un ahorro de unos 630 millones de euros, porque cada preso le cuesta al Gobierno 62,5 euros diarios ; unos 1.800 euros al mes y en torno a 21.600 millones de euros al año ; si se tienen en cuenta todos los gastos que conlleva una prisión, según los cálculos efectuados por las Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Si queremos una referencia de lo que esto supone, se trata de que el Estado gasta más en el mantenimiento de un preso que en la prestación  por desempleo de un padre con un hijo, cuyo baremo máximo está en 1.242 euros mensuales.

A la hora de abordar la gestión de la población reclusa, los costes no son el aspecto más relevante porque el objetivo que debe de guiar la política penitenciaria es la reinserción de los presos y aquí los resultados de nuestro sistema son mixtos. Hay quien aprovechando una larga condena se ha sacado un título universitario y también están los reincidentes en su ” especialidad “. La mayor parte de los criminólogos coinciden en que los autores de los delitos comunes ( robos, hurtos, tirones…. ) pueden rehabilitarse con el paso del tiempo, pero los asesinos y pervertidos, nunca.

La alarma que causan algunos de éstos hechos, llevó al Gobierno del Partido Popular ( PP ), a implantar la Prisión Permanente Revisable ( PPR ) en el año 2015 . A pesar de que, según numerosas encuestas, la imposición de ésta pena es defendida por 8 de cada 10 españoles, este respaldo popular no se ve reflejado en los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos quieren ampliar su ámbito de aplicación pero sus enmiendas han sido rechazadas por el resto de grupos políticos. Por el contrario, se ha aprobado una propuesta formulada por el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) apoyada por el Partido Socialista Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos hacia la derogación de ésta medida.

Aunque la criminalidad repuntó -levemente- en España, en 2017 ( pasando de 43,2 infracciones por cada mil habitantes, a 43,8 ) ; es dudoso que se introduzcan cambios radicales en la política penitenciaria. Ni siquiera la posible derogación de la Prisión Permanente Revisable supondría un acortamiento sensible de la duración de las condenas.

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